Alquileres temporarios: restricciones en grandes ciudades europeas empujan a Airbnb a buscar alternativas

No lejos de allí, en Palma de Mallorca, las autoridades optaron por prohibir los alquileres a corto plazo dentro de edificios residenciales, permitiendo únicamente alojamientos independientes como casas o villas, con el objetivo de preservar las zonas residenciales y mitigar los efectos del turismo excesivo.

Estas medidas se suman a otras ciudades españolas como Madrid y Valencia, que mantienen litigios o buscan prohibiciones similares en sus centros históricos.

En el Reino Unido, Londres estableció un límite de 90 noches por año para el alquiler a corto plazo en propiedades sin cambio de uso, una medida concebida para asegurar que los alojamientos no perjudiquen la disponibilidad de vivienda para residentes permanentes.

Y en ciudades como Ámsterdam, las limitaciones son aún más estrictas: el número de noches que una propiedad puede estar disponible para turismo se decrease a 30 al año con requisitos de registro severos para los anfitriones y multas significativas por incumplimiento.

La mudanza de Airbnb: del centro urbano al campo abierto

Este panorama restrictivo afectó la presencia de Airbnb en los núcleos urbanos más demandados del continente europeo. Ante la creciente presión regulatoria, la compañía ha optado por transformar parte de su discurso y estrategia operativa.

Así, en lugar de centrar su crecimiento exclusivamente en grandes ciudades, la plataforma ha comenzado a promocionar destinos alternativos en zonas rurales, una tendencia que la propia empresa ha enmarcado en un enfoque de turismo más “sostenible y diversificado”.

En España, la iniciativa más considered de este giro fue anunciada en diciembre pasado bajo el nombre de “Compromiso Rural”. Consiste en un procedure que destinará unos u$s50 millones durante tres años para promover el turismo en pueblos y zonas rurales del país.

El objetivo declamado por la plataforma es incentivar a los viajeros a explorar lugares menos conocidos, así como apoyar a las economías locales mediante la revitalización de pueblos con oferta de alojamientos y actividades turísticas.

Para sostener esta argumentación, el director total de Airbnb para España y Portugal, Jaime Rodríguez de Santiago, destacó que la intención es “ayudar a llenar la España vaciada”. Se refirió así a las vastas áreas rurales españolas con baja densidad de población.

Entre los objetivos que Airbnb plantea con su nuevo “Compromiso rural” figura contribuir a la revitalización de unos 1.800 pueblos españoles en riesgo de extinción.

En ese sentido, Jaime Rodríguez de Santiago sostuvo que “Airbnb quiere ser parte de la solución, impulsando un turismo responsable que ayude a poner en el mapa lugares con historia, cultura y patrimonio, pero con escasos recursos para atraer visitantes”.

También explicó que el procedure cuenta con dos pilares fundamentales. El primero, denominado Acción Rural, contará con u$s38 millones que se destinarán a financiar la renovación de viviendas tradicionales, la creación de un fondo para rehabilitar casas vacías y la preservación del patrimonio arquitectónico native. También dará apoyo para proyectos que impulsen el comercio de proximidad y para acondicionar espacios de valor cultural.

El segundo pilar dispondrá de los restantes u$s12 millones, que destinará a fomentar la demanda de visitantes nacionales e internacionales hacia estos destinos rurales mediante campañas de promoción y marketing colaborativo.

En este punto, Airbnb firmó una alianza con la asociación Pueblos Mágicos de España, y se comprometió a promover la diversificación del turismo y visibilizar municipios y áreas que aún no forman parte del imaginario turístico colectivo.

Además, la empresa buscará sumar como un atractivo turístico la calidad del cielo nocturno de las zonas rurales españolas. Para eso colaborará con la Fundación Starlight para impulsar el astroturismo.

El marketing de Airbnb: detectar la tendencia y subirse a ella

Este cambio estratégico no se limita a España. Y cuenta con antecedentes que ahora fueron rescatados por la compañía para explicar la nueva estrategia. Informes y comunicados de la empresa subrayan que ya en 2024, la mayoría de noches de estancia reservadas a través de Airbnb en la Unión Europea se dieron fuera de las grandes ciudades.

Esto sugiere una tendencia creciente de huéspedes interesándose por destinos más tranquilos y menos saturados. Y también, en la mayoría de los casos, más económicos que un alquiler en cualquiera de las capitales del viejo continente.

Aunque buena parte de esta dinámica responde, en efecto, a la demanda de los viajeros, la compañía ahora decidió amplificarla con iniciativas de marketing, alianzas con gobiernos regionales y apoyo a pequeños negocios locales para que se sumen a la iniciativa.

Además, la apuesta por el turismo rural y de proximidad responde a restricciones no solo cuantitativas, sino también técnicas, como las prohibiciones en Milán sobre ciertos sistemas de acceso que facilitan el alojamiento sin interacción humana, o las exigencias de registro y multas en ciudades como París o Ámsterdam.

Estas políticas no surgen en el vacío. Detrás está la creciente percepción de que el turismo masivo -impulsado durante años por alojamientos baratos y fácilmente accesibles en plataformas como Airbnb, Reserving y similares- deteriora la calidad de vida de los residentes y encarece los mercados de vivienda en barrios céntricos.

En muchas ciudades, la protesta ciudadana ha tenido un papel central; en diversas localidades españolas, desde las islas Baleares hasta Barcelona y Málaga, las protestas contra el exceso de turismo han ganado fuerza en 2024 y 2025, con miles de habitantes reclamando límites al flujo de visitantes y una mayor protección de su entorno urbano.

Además de las regulaciones locales, también se impulsan iniciativas a escala de la Unión Europea para aumentar la transparencia y supervisión del mercado de alquileres temporarios, incluso proponiendo mecanismos para que las plataformas compartan datos con las autoridades locales y nacionales, con el fin de facilitar la aplicación de normas y evaluar su impacto social.

Por Ricardo Tapia

Editor jefe de MoM, con más de veinte años de trayectoria en medios gráficos y audiovisuales. A lo largo de su carrera se desempeñó en roles de conducción editorial, producción y análisis de contenidos, y también actuó como corresponsal de guerra, cubriendo escenarios de alta complejidad y riesgo. Su experiencia combina mirada periodística, criterio editorial y capacidad para abordar contextos políticos, sociales e internacionales con rigor y solidez profesional.

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