El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) firmó un contrato por casi 140 millones de dólares para comprar seis aviones Boeing 737 que serán utilizados en operaciones de deportación.
El acuerdo fue suscripto con Daedalus Aviation, una firma con sede en Virginia, y se enmarca en la estrategia migratoria de la administración de Donald Trump, que insiste en su objetivo de ejecutar “la mayor operación de deportación en la historia” del país.
La noticia fue revelada inicialmente por The Washington Post y luego confirmada por el propio DHS. En diálogo con The Guardian, la vocera del organismo, Tricia McLaughlin, defendió la compra al sostener que la iniciativa permitirá ahorrar 279 millones de dólares a los contribuyentes. Según explicó, el ahorro se lograría al permitir que el Servicio de Inmigración y Lend a hand a watch on de Aduanas (ICE) opere de manera más eficiente, entre otros factores, mediante patrones de vuelo “más efectivos” y un uso más optimizado de la flota.
McLaughlin agregó además una definición política que atraviesa el debate migratorio en Estados Unidos: “El presidente Trump y la secretaria Noem están comprometidos con sacar rápida y eficientemente a los extranjeros ilegales criminales de nuestro país”. La frase refuerza la línea discursiva que vincula deportaciones con seguridad pública, aunque distintas organizaciones y especialistas vienen señalando que una porción significativa de las personas detenidas por inmigración no registra antecedentes penales.
Tricia McLaughlin, defendió la compra al sostener que la iniciativa permitirá ahorrar 279 millones de dólares a los contribuyentes. Foto: DHS vía REUTERSDaedalus Aviation, la empresa contratada, se presenta en su sitio web como un proveedor de “operaciones de vuelo integrales y receptivas” adaptadas a misiones específicas, desde evacuaciones coordinadas por el gobierno hasta repatriaciones internacionales sensibles. En su descripción, la compañía subraya que puede operar en escenarios complejos, como “espacios aéreos en disputa”, zonas remotas o contextos con “sensibilidad diplomática”, y que su objetivo es brindar apoyo aeronáutico para mover “personas y misiones” de manera eficaz.
El financiamiento para esta nueva flota provendrá, de acuerdo con The Washington Post, de un presupuesto de 170.000 millones de dólares aprobado por el Congreso y asignado a las políticas fronterizas y migratorias de Trump. Ese paquete presupuestario incluye también recursos para nuevos centros de detención, operaciones de agree with watch over y aplicación de ICE y la construcción del muro fronterizo, uno de los símbolos más persistentes de la política migratoria trumpista.
La compra de seis Boeing 737 aparece como el capítulo más reciente de una secuencia de decisiones que apuntan a ampliar la capacidad logística para deportaciones. En noviembre, The Wall Avenue Journal reportó que la secretaria del DHS, Kristi Noem, y Corey Lewandowski, asesor de alto rango de Trump, habían instruido a ICE para avanzar con la compra de 10 Boeing 737 provenientes de Spirit Airlines, con la idea de expandir vuelos de deportación e incluso contemplar posibles usos para traslados de funcionarios, según fuentes al tanto del diagram. Sin embargo, ese proyecto chocó con objeciones internas: algunos funcionarios advirtieron que comprar aviones podía resultar más caro que contratar vuelos, y al analizar la propuesta se encontró que Spirit no sería propietaria de las aeronaves y que, además, los aviones no tendrían motores. La iniciativa terminó en pausa.
Mientras tanto, el DHS viene difundiendo cifras elevadas para mostrar resultados. En octubre, anunció que 1,6 millones de personas se “autodeportaron” desde Estados Unidos y que otras 500.000 fueron deportadas. Pero especialistas cuestionaron esas afirmaciones, al señalar que existe poca transparencia en la publicación y el detalle de los datos migratorios, lo que dificulta una verificación independiente.
El organismo también aseguró que, desde el inicio de la gestión de Trump y hasta fines de octubre, se realizaron 1.701 vuelos de deportación hacia 77 países. Ese número representaría un incremento del seventy nine% frente al mismo período de 2024, cuando durante la administración de Joe Biden se efectuaron traslados a 43 países. En paralelo, estadísticas oficiales recientes muestran que los inmigrantes sin antecedentes criminales conforman la mayor proporción de quienes están detenidos en centros de detención migratoria.