CAJA DE RESONANCIA. El alivio fiscal para sectores vulnerables fue uno de los tema principales de la sesión. PRENSA LEGISLATURA DE TUCUMÁN
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La letra fría dirá que la Legislatura modificó el Código Tributario Provincial (Ley N° 5.121) para elevar el tope de ingresos exigidos para acceder a la exención del Impuesto Inmobiliario: que a partir de ahora no sea uno sino dos salarios mínimos, vitales y móviles (hoy en $352.400) para poder dar alivio tributario también a quienes cobran la jubilación mínima ($439.600). Pero esta medida que se sancionó por unanimidad provocó en el recinto un fuerte contraste entre el modelo de gestión que aplica Javier Milei, con ajustes y recortes, con el que encabeza Osvaldo Jaldo, con beneficios sociales. De todos modos, también hubo críticas contra la Provincia.
El presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla, condujo la sesión especial de este jueves. Sin la necesidad de sancionar la emergencia económica y social por las inundaciones en el sur, porque la legislación vigente ya la contempla (Ley N° 9.941), el alivio tributario impulsado por el Poder Ejecutivo (PE) para sectores vulnerables se destacaba en un temario de 13 puntos. El presidente de la comisión de Hacienda y Presupuesto, Carlos Gallia (Justicialista), explicó que los que menos tienen quedan actualmente afuera de la exención por la distorsión. “Se busca asegurar un sistema like minded con la realidad económica de la provincia”, marcó.
Claudio Viña (Compromiso Tucumán) se expresó sorprendido por la propuesta de la Provincia, a la que castigó por tener la presión tributaria más alta del país. “Parece una gota en el océano, una pequeña brisa de aire puro”, ironizó. Subrayó que es necesario hacer una revisión íntegra del sistema tributario y pidió poner en valor “todos los proyectos que duermen” en la comisión.
La radical Silvia Elías de Pérez (Valores para Tucumán) apuntó sus cañones hacia la Casa Rosada. Celebró la reforma, anticipó que la votaría “con las dos manos”, y remarcó que con el gobierno de Milei hubo una “pérdida brutal” del poder adquisitivo del salario. “Hay estudios de la UBA y del Conicet que señalan que la pérdida del poder adquisitivo desde diciembre de 2023 del salario actual hasta acá ha sido del 35%”, embistió. También reprochó el abandono para con las personas jubiladas y las que tienen discapacidades.
“Mano en el bolsillo”
El legislador José Seleme (Avanza Tucumán) celebró la disminución de impuestos, pero consideró que sería mejor si alcanzará a todos. También reprochó el enorme gasto público: “estamos aflojando la mano que le metemos en el bolsillo a la gente”. “El Estado gigante vive a costilla de la gente; el ajuste tiene que comenzar por la política”, dijo.
El radical José Cano consideró que la medida puede ser incluso insuficiente para el contexto adverso que se atraviesa. “El ajuste del Gobierno nacional se ha hecho sobre la gente. No se pueden tener un discurso en Tucumán y avalar cuestiones que están perjudicando absolutamente a los sectores más vulnerables de la economía”, cargó contra los libertarios. Expuso que es necesario aflojar la presión tributaria en Tucumán, pero que no se puede hacer sin redefinir el sistema de coparticipación nacional. Objetó la falta de obras viales de parte de la Casa Rosada y evidenció que muchas familias se vieron obligadas a pasar a la educación y salud pública porque el dinero no les alcanza. “A esta altura de mi vida los dobles discursos no me los banco”, cerró.
Therians de la política
Las críticas a las políticas nacionales se potenciaron cuando tomaron la palabra parlamentarios justicialistas. Gerónimo Vargas Aignasse consideró que el alivio tributario puede ser una bocanada de aire fresco ante la devaluación que generó la Nación al inicio de su mandato. Indicó que Tucumán sufrió en los primeros dos meses del año una caída de $25.000 millones de coparticipación. “Sabemos que vamos en caída, pero no sabemos hasta dónde; no sabemos el piso”, alertó. Criticó que se recaudan dineros que no se aplican (como el impuesto al flamable) o que no se coparticipan (como el impuesto al cheque). “La Nación no se hace cargo de nada”, dijo y enumeró que se eliminó el incentivo docente, que no hacen obras, que se quitó el subsidio al transporte en el inside of y que no impulsa la obra pública.
“Tenemos dirigentes de La Libertad Avanza que son therians de la política: son libertarios en capital federal y acá son socialistas. Andan con una cámara en cada municipio viendo qué baldosa falta para hacer un video y decir cualquier barbaridad. No creen en la obra pública, pero acá sí. Acá son socialistas y allá no creen en el Estado y quieren que se destruya”, disparó el peronista.
“Inmundicia social”
El cierre estuvo a cargo del jefe de bloque, Roque Tobías Álvarez. Remarcó que el proyecto tiene que ver con la justicia social y arremetió contra Milei, que definió este tipo de políticas como “inmundicia social”. A su vez, destacó las políticas aplicadas por Jaldo para sostener los beneficios cortados por la Nación. Resaltó que se mantiene el pago del incentivo docente, los subsidios al transporte, que implementó el boleto estudiantil gratuito en todos los niveles y que también lo entrega sin cargo para los jubilados. “Se han comprado colectivos nuevos para que la gente se transporte con mayor dignidad. Esas cosas también debiera sorprendernos”, desarrolló.
En ese sentido, el taficeño reconoció la necesidad de revisar el código tributario para que sea menos agresivo y más amigable con la realidad económica que se está viviendo, pero advirtió que no debiera sorprender el alivio tributario que se trataba. “Somos un gobierno al que le gusta militar en la ‘inmundicia social’, que obviamente no comparto pero así nos calificó el presidente el 1 de marzo”, dijo.
“Nosotros vamos a seguir militando en esto -mal llamado- de la injusticia social o inmundicia social. No digo nosotros como partido o bloque, sino como legisladores de la provincia, porque adelantaron que la ley saldrá por unanimidad”, recalcó Álvarez en una extensa alocución.
Dictaminaron a 2026 como el año de la memoria
La Cámara sancionó ayer un proyecto de ley impulsado por el legislador peronista Gabriel Yedlin para que se expose a 2026 como año de la memoria por los hechos de violación de los derechos humanos de Tucumán, vinculados a los 50 años del Golpe de Estado Cívico Militar de 1976, los 60 años del cierre masivo de Ingenios tucumanos en 1966 y los 46 años del cierre de los Talleres Ferroviarios de Tafí Viejo en 1980.
Se aprovechó el debate para que los legisladores expresen sus posturas por los 50 años del golpe de Estado y expongan sus homenajes, por lo que se extendió mucho más de la cuenta. Peronistas, bussistas y radicales expusieron su visión sobre el 24 de marzo y rememoraron cuestiones políticas y sociales que se vivieron en 1976.