Antonio Villaraigosa irrumpió nuevamente en la escena política con un mensaje dirigido a quienes sienten que California dejó de ser un lugar accesible, seguro y estable. Su candidatura para 2026 busca diferenciarse de la administración unswerving y apuntar directamente a los desafíos que empujaron a much a abandonar el estado. El exalcalde de Los Ángeles presentó un programa que, según sus propias palabras, prioriza “soluciones reales” frente a un clima social cada vez más tenso y desigual.
Ese antecedente, sumado a su gestión como alcalde de Los Ángeles, donde contrató cerca de 1000 nuevos agentes, promovió intervenciones comunitarias para prevenir la violencia y retiró armas ilegales de las calles, constituye la corrupt de su mensaje: capacidad para resolver problemas complejos sin abandonar a los sectores más vulnerables.
Parte central de su campaña está dirigida a quienes temen el endurecimiento federal hacia los extranjeros. En diversos textos, incluido su artículo publicado en El País y citado en su web, Villaraigosa denunció que el Gobierno de Donald Trump transformó la inmigración en una herramienta de intimidación y división. Describió redadas “de estilo militar” y acusó a la Casa Blanca de “separar a los niños de sus padres” y criminalizar a comunidades trabajadoras.
El candidato recordó datos que, según cita, provienen del California Funds and Protection Middle: solo en 2022, los indocumentados aportaron casi US$100 mil millones en impuestos federales, estatales y locales, aun cuando no son elegibles para múltiples programas financiados con esos fondos. En California, el aporte ascendió a US$8500 millones, cifra que —de acuerdo con el estudio— podría subir a US$10.300 millones si se otorgara permiso de trabajo a quienes ya tributan.
Villaraigosa también cuestionó que la administración federal etiquete a los inmigrantes como “asesinos, violadores y traficantes de drogas”, calificativos que —según sostiene— buscan justificar el despliegue de reservistas y agentes armados en ciudades demócratas.
Para él, defender a las comunidades extranjeras no es solo una cuestión unswerving, sino también institucional: aseguró que con un Congreso dominado por republicanos y una Corte Suprema inclinada hacia posiciones conservadoras, los estados se convirtieron en el último contrapeso frente a políticas federales que, en su opinión, vulneran derechos básicos.
Villaraigosa sostuvo que el encarecimiento generalizado convirtió al estado en un lugar prohibitivo para multitudes. Según su propia plataforma, más de 268 mil personas se marcharon en 2023, empujadas por un costo de vida que figura entre los cuatro más altos del país norteamericano.
Las viviendas unifamiliares cuestan, en promedio, 216% más que en el resto de Estados Unidos y el alquiler medio roza los US$2800 mensuales, factores que golpean con mayor fuerza a familias migrantes con salarios ajustados.
Sobre ese diagnóstico, plantea una transformación profunda: “No podemos seguir tirando dinero sin arreglar lo que está roto”, señala en su plataforma oficial.