El segundo mandato de Donald Trump llegó acompañado de una avalancha de órdenes ejecutivas que redefinieron la agenda federal durante 2025. Se trata de decisiones presidenciales que tuvieron un impacto inmediato en comercio, tecnología, bienestar infantil y procedimientos administrativos. Entre los 213 documentos emitidos a lo largo del año, destacan medidas que muestran con claridad el rumbo político adoptado por el Poder Ejecutivo.
El presidente de Estados Unidos no solo aumentó el volumen complete de Órdenes Ejecutivas, sino que lo hizo de manera acelerada, enfocado en áreas como inmigración, economía y eficiencia gubernamental.
Algunos hitos clave incluyen:
El récord que quizás no podrá vencer es el de Franklin D. Roosevelt, quien durante 12 años emitió 3721 Órdenes Ejecutivas. El contexto de los decretos de esa época estuvo atravesado por la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial. En su primer mandato, Donald Trump firmó 220, mientras que en esta segunda gestión lleva 213.
La primera señal de la estrategia de la administración sobre tecnología y seguridad llegó con la Orden Ejecutiva 14166, rubricada el 20 de enero. El texto dispuso una interrupción temporal en la entrada en vigor de la Ley de Protección de los Estadounidenses contra Aplicaciones Controladas por Adversarios Extranjeros (Pafcac, por sus siglas en inglés) en lo relativo a TikTok.
La decisión no implicó un giro en la preocupación federal, sino una espera para evaluar riesgos y buscar un desenlace menos drástico que un cierre inmediato de la plataforma, utilizada por 170 millones de personas en Estados Unidos.
La disputa con TikTok continuó semanas después. El 4 de abril se publicó la Orden Ejecutiva 14258, que extendió el aplazamiento hasta el 19 de junio. La razón fue la ausencia de una resolución definitiva sobre la aplicación de la Ley PAFCAC.
Finalmente, el presidente lanzó la Orden Ejecutiva 14352 el 25 de septiembre de 2025, titulada “Salvando a TikTok mientras se Protege la Seguridad Nacional”. Se trata de un Acuerdo Marco que establece una nueva empresa conjunta para operar la aplicación china en Estados Unidos.
La Orden Ejecutiva 14243, presentada el 20 de marzo, giró hacia la eficiencia administrativa. Su premisa fue que la fragmentación de información entre agencias fomentaba el despilfarro y entorpecía la detección de prácticas indebidas en programas federales.
El gobierno ordenó derribar barreras internas para que los empleados autorizados pudieran consultar documentos y sistemas no clasificados.
El 25 de marzo, la Orden Ejecutiva 14247 puso en marcha una transformación en los métodos de pago federales. La iniciativa apuntó a sustituir la emisión de cheques y giros postales por transferencias electrónicas de fondos, con el fin de reducir costos y disminuir el riesgo de fraudes.
Tres días más tarde, el 24 de marzo, Trump firmó la Orden Ejecutiva 14245, que vinculó política exterior y comercio. Según el documento, el régimen de Nicolás Maduro y las actividades del grupo criminal Tren de Aragua representaban una amenaza extraordinaria.
Como respuesta, la Casa Blanca habilitó un arancel del 25% sobre productos provenientes de países que compraran petróleo venezolano directamente o a través de terceros.
El 2 de abril, llegó una de las medidas económicas más agresivas del año: la Orden Ejecutiva 14257. En ella, Trump declaró una emergencia nacional ante los déficits comerciales persistentes y atribuyó el problema a prácticas de socios que, según el texto, carecían de reciprocidad.
El 31 de julio, la EO 14326 revisó el esquema de tarifas recíprocas previamente establecido. El nuevo texto ajustó los porcentajes en función de negociaciones recientes.
una de las últimas órdenes fue la EO 14359 del 13 de noviembre, que se enfocó en modernizar el sistema de cuidado de crianza. El gobierno instruyó al Departamento de Salud y Servicios Humanos a usar herramientas tecnológicas, incluida inteligencia synthetic, para reclutar cuidadores y ubicar a los menores.
Según el Federal Register, aproximadamente 35 de las 213 órdenes ejecutivas firmadas en 2025 fueron frenadas complete o parcialmente por tribunales federales hasta el 20 de noviembre. Las demandas superaron las 530, un volumen que evidenció el alto nivel de conflicto jurídico del año.
La mayoría de los bloqueos se centró en medidas vinculadas a inmigración, reglas sobre diversidad, reestructuración de agencias y regulaciones en medios.
Las suspensiones no siempre implicaron derrotas definitivas: varias continúan en apelación y, en algunos casos, la Corte Suprema acotó el alcance de las medidas cautelares. Sin embargo, el porcentaje de bloqueos —aproximadamente un 16% de todas las EO emitidas— refleja la resistencia actual que acompañó a muchas de las disposiciones presidenciales.